MOCIÓN POR EL CIERRE DE LOS CIE Y EL CESE DE LAS IDENTIFICACIONES DISCRIMINATORIAS Y LAS DEPORTACIONES SIN GARANTÍAS
(enviada a los grupos municipales del Ayuntamiento de Salamanca el lunes 7 de noviembre, pidiendo que la presentaran y apoyaran en el siguiente Pleno del Ayuntamiento)
El día 5 de octubre, 67 personas se fugaron del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Sangonera, en Murcia. Finalmente, 37 de ellos volvieron a ser detenidos. Otras 50 personas participaron un motín en el CIE de Aluche, en Madrid, el pasado día 18. El motín duró hasta el día siguiente, cuando permanecían protestando 30 internos. El día 21, en el mismo centro, un grupo de internos comenzó una huelga de hambre que fue abandonada dos días después tras la promesa de que se les permitiría hablar con un juez. También el día 23, era el turno de Barcelona: 37 personas internas en el CIE de Zona Franca iniciaron una huelga de hambre que duró 24 horas. Apenas hace unos días 70 internos volvieron a amotinarse en Zona Franca tras el intento de huida de 40 de ellos; hay que recordar la muerte de tres personas en este centro en los últimos dos años, dos de ellas por suicidio. Manifestaciones y concentraciones en Madrid, Barcelona y otras ciudades han sacado a la luz la repulsa social por las penosas condiciones en las que se encuentran los extranjeros privados de libertad en estos centros.
Organizaciones sociales como SOS Racismo o la plataforma catalana Tanquem Els CIES entre otras muchas reclaman desde hace años el cierre de estas instituciones, promoviendo una campaña estatal por el cierre de estos centros, contra las redadas discriminatorias y los vuelos de deportación. Argumentan que los internos viven en condiciones lejanas al respeto de los derechos humanos y que se ven privados de libertad por faltas administrativas, que en ningún caso son delitos penales. Es decir, encerrados por su situación irregular en el Estado español. Estas vulneraciones de derechos no han cesado con la aprobación del Reglamento 162/2014 de 14 de marzo y, como el propio Ministerio del Interior ha reconocido (siendo ejemplo la respuesta al auto emitido en julio por la juez de control del CIE de Barranco Seco), en ellos se incumple la legalidad quedando como única alternativa su cierre e incluso los sindicatos policiales han denunciado en distintas ocasiones la falta de medios humanos y las deficientes condiciones de seguridad de estas instalaciones.
La mera existencia de los CIE es en sí misma una vulneración de los Derechos Humanos y ha sido denunciada por tratarse de una medida legislativa desproporcionada e incompatible con el artículo 5 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial. El cierre de estos centros es posible y depende de la voluntad política puesto que su existencia no es una cuestión obligatoria para ningún estado de la Unión Europea según su propia legislación, siendo por el contrario una institución injusta, ineficiente y e incluso ineficaz para los pretendidos fines que intentan legitimar su existencia, como numerosas voces autorizadas cada vez expresan más abiertamente.
En primer lugar, hay que destacar que del total de personas internadas al 2013 en estos centros, tan sólo el 52,49% fueron efectivamente expulsadas. Así mismo, un gran número de ellas podrían haber sido deportadas directamente desde un centro penitenciario, puesto que se trata de sustituciones de condena penal. A mayores, el volumen de movimientos migratorios negativos (retornos) que suponen las deportaciones forzosas en relación con los movimientos migratorios no forzosos es mínimo. El total de deportaciones realizadas al 2013 (23.889) representa tan sólo el 6% de los movimientos migratorios de vuelta no forzosa (396.658). Y el total de deportaciones forzosas realizadas desde los CIEs (9.002) no llega a representar ni el 1% de los retornos no forzosos que se produjeron ese mismo año. Por lo tanto, sin un cambio profundo de la política migratoria, y aplicando lo que recoge la legislación; se podrían cerrar los CIE con carácter inmediato, y el impacto en los flujos migratorios sería prácticamente inexistente.
También hay que tener en cuenta los altos costes económicos, se destina una cantidad importante de dinero a la detención, internamiento y deportación de personas migrantes. El año 2013 se destinaron 11 millones de euros tan sólo a vuelos colectivos de deportación. El coste medio por persona internada es alrededor de 100 euros diarios, sin incluir el coste de las infraestructuras, teniendo en cuenta la actual dificultad de obtener datos públicos sobre estas informaciones.
En relación a las deportaciones, también es importante hablar de la existencia de medidas más garantistas que permiten llevar a cabo las deportaciones sin que existan los CIE. Algunas de estas opciones son: la retirada del pasaporte, el control domiciliario o la comparecencia quincenal a comisaría. Así mismo, las personas que hayan visto sustituida su pena privativa de libertad por una Sentencia penal podrían ser internadas en centros penitenciarios y no a los CIE. Aun así, debería considerarse imprescindible que en ninguna parte se deporte forzosamente a aquellas personas que tienen su proyecto de futuro en nuestro país, que se invierta en programas de retorno voluntario de aquellas personas que así lo deseen ya que el recorrido de las cuales en nuestro país se ha visto frustrado.
Finalmente, no debe obviarse la conexión entre la existencia de controles policiales basados en perfiles étnicos, los vuelos de deportación y el aumento de los internamientos a los CIE: Estos controles son discriminatorios y racistas; además vulneran derechos fundamentales, atentan contra la dignidad de las personas y contra el derecho a la libre circulación de las personas; así como también incumplen los criterios fijados en la legalidad vigente, socavando los principios del Estado de derecho. Por lo tanto son ilegales. Tienen un carácter injusto, porque su aplicación produce una segregación social y agrava la diferenciación entre la población autóctona y la extranjera. Son prácticas que generan un imaginario estigmatizador que relaciona migración y delincuencia, presentando a la población migrada como malhechores y enemigos, siempre bajo sospecha, lo cual origina xenofobia y racismo social. Además la alta frecuencia de los controles refuerza la sensación de inseguridad y provoca alarma social y degrada la convivencia y la cohesión social a los barrios.
Por todo lo expuesto los grupos abajo firmantes elevamos al pleno del Ayuntamiento de Salamanca esta moción con el fin de instar al gobierno central a:
1. Declarar el cierre de los CIE en el plazo más breve de tiempo.
2. Garantizar la eliminación de las identificaciones por perfil étnico.
3. Erradicar las deportaciones colectivas y las deportaciones exprés que se realizan en menos de 72 horas desde las comisarías.
4. Derogar el Protocolo de Deportación de la Policía Nacional aprobado en el año 2007 que permite, entre otras medidas que vulneran derechos fundamentales: la sedación forzosa, ligar con correas a las personas que tienen que ser deportadas, así como la inmovilización con una camisa de fuerza.
Suscrito por los siguientes colectivos:
• Asamblea de Apoyo a Personas Migrantes de Salamanca.
• CIEs NO – Salamanca.
• Ecologistas en Acción de Salamanca.
• Confederación General del Trabajo de Salamanca.
• Comité Ecologista y Antinuclear de Salamanca.
• AFIBROSAL.
• Marchas de la Dignidad de Salamanca.
• EcoRED.
• Colectivo la Madeja.
• Kæmmpem Gäs.
• Asociación de Nómadas y Artistas.
• Colectivo Al_Margen.
• Lombó Teatro.
• Yesca.
• Hay Alternativas.